Un día después de la toma de la Escuela de Criminalística de la UTEM, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que obligará a las instituciones a entregar un informe con el campo laboral de las carreras que pretende abrir.El fin es evitar que se repitan casos como el suscitado con la carrera de Criminalística, donde 15 mil estudiantes del país acusan "publicidad engañosa", por no contar con campo laboral para ejercer su profesión. El Gobierno tiene claro el panorama y por ello la iniciativa legal que ingresará hoy a la cámara baja tiene dos exigencias clave: las instituciones de educación superior estarán obligadas a entregar al Ministerio de Educación toda la información sobre la nueva carrera que pretende impartir, así como un estudio de las posibilidades reales de trabajo para los futuros profesionales.
Así lo explicó el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, Rodrigo González, quien recordó que esta iniciativa tuvo su origen en "una petición unánime de las comisiones de Educación de ambas cámaras".
Los parlamentarios llegaron a la convicción de cambiar la actual normativa, luego de conocer la situación de estudiantes de Criminalística cuyos estudios no eran legitimados por las policías ni en otros organismos estatales o privados.
"Había un vacío legal, porque las universidades podían acreditar cualquier carrera sin que hubiera mercado", sostuvo González.
Regular la autonomía
La actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) otorga total autonomía a las instituciones para crear carreras y denominarlas como les parezca.
"El Ministerio no tiene facultades para poder tomar medidas más extremas, que es lo que todos esperaríamos cuando, a nuestro juicio, se afecta la fe pública. La ley de acreditación que la Presidenta promulgó en noviembre de 2006, sólo nos permite cerrar carreras y sedes cuando se afecte el orden público, la moral y las buenas costumbres. Eso es lo que se aprobó en el Parlamento", explicó la ministra Yasna Provoste.
Sobre el caso específico de criminalística la titular de Educación dijo hace unos días a La Nación que "hemos oficiado a todas las instituciones Ministerio Público, Defensoría, Carabineros, Investigaciones, al Poder Judicial- y la respuesta es siempre la misma: no tienen campo laboral, no pueden ser contratados por nosotros". Sobre esa base se diseñó el proyecto de ley que "esperamos tenga acogida en el Parlamento", dijo Provoste.
Pero la iniciativa no cuenta con unanimidad en el Consejo de Rectores, donde se reconoce la facultad del Ministerio para requerir información sobre nuevas carreras, pero no para restringirlas, informó el rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi.
"Se supone que todas las instituciones hacen estudio de mercado, pero predecir el mundo laboral es complejo, porque mañana podrían existir vacantes para una carrera que hoy no tiene. Tampoco se puede afectar la libertad de quien quiere estudiar algo. Lo que uno esperaría que no se le engañe".
Desalojo en la UTEM
La solución, sin embargo, no da respuesta a los jóvenes afectados hoy por este tipo de problemas. De allí que ayer un grupo de estudiantes se tomaran una sede de UTEM (Santa Isabel con Vicuña Mackenna) exigiendo el cierre de la carrera y la devolución de los dineros que pagaron por estudiar. Y aunque fueron desalojados pasadas las 14:30 horas -30 de ellos fueron detenidos- anunciaron que no cejarán: ahora se van a huelga de hambre. La casa de estudios ofreció a los alumnos cambiarse a otras carreras, pero "la mayoría sólo queremos que nos devuelvan el dinero que invertimos, más una indemnización por daños y perjuicios", dijo Daniela Rojas, vocera de los alumnos de la UTEM, quien informó que hoy se sumarán a la demanda presentada en los tribunales los alumnos de la carrera de Cientista Criminalista.
